22, Sep 2020 | Non classé
El Decreto CCPE2020888A de 23 de septiembre de 2020 exime de declaratoria los contratos de préstamo que no superen los 5000 euros.
Un decreto eleva el umbral de exención de la declaración de contratos de préstamo, que no se había modificado durante muchos años.
En principio, los intermediarios involucrados en la celebración de contratos de préstamo o en la redacción de escrituras o el deudor del préstamo en ausencia de un intermediario deben declarar los contratos de préstamo celebrados durante el año anterior.
Esta declaración debe mencionar la fecha, monto y condiciones del préstamo, así como los nombres y direcciones del prestamista y del prestatario. Esta declaración (modelo No. 2062) debe enviarse a la Administración al mismo tiempo que la cuenta de resultados. (Ejemplo: préstamo contratado en octubre de 2020; declaración a realizar en mayo de 2021 al mismo tiempo que la cuenta de resultados de 2020)
La administración ha decidido elevar el umbral de exención de esta declaración. A partir del 27 de septiembre de 2020, los contratos de préstamo cuyo principal sea como máximo 5.000 € están exentos de esta obligación de informar. Este umbral era de 760 € hasta ahora.
Cabe señalar que si durante el mismo año se concluyen varios préstamos, cuyo importe unitario es inferior a 5.000 €, a nombre del mismo deudor o del mismo acreedor, pero cuyo principal total excede esta suma, todos los contratos deben ser declarados por este deudor o este acreedor.
22, Sep 2020 | Non classé
La carta de intención puede implicar obligaciones de naturaleza e intensidad variables, que van desde un simple compromiso moral hasta un compromiso contractual que puede generar una obligación de hacer o no hacer, de medios o de resultado.
Las cartas de intención carecen de alcance jurídico cuando sólo expresan un compromiso moral.
Si la intención es la de reemplazar al deudor, esta no es más que una garantía.
Su especificidad como una clase particular de garantía sólo se revela cuando existe una obligación de hacer.
Estas obligaciones son tanto de medios como de resultado; esta diferencia, que ha suscitado algunas dudas, especialmente en lo que respecta al compromiso de «hacer lo necesario», determina la carga de la prueba.
LA CARTA DE INTENCIÓN QUE CONSTITUYE UN SIMPLE COMPROMISO MORAL
Las cartas de intención, que contienen únicamente un compromiso moral o una obligación natural, contienen simples declaraciones que no implican una obligación legal de la sociedad matriz. Como resultado, son difícilmente sancionables.
Es así como una carta de intención en la que un capitalista de riesgo indica la condición bajo la cual planea entrar dentro del capital de una empresa, permite establecer un marco seguro de las negociaciones previas al contrato; en principio no vale la pena un compromiso final (CA Versalles 30 de junio de 2011 No 10/06302, 12th Ch. Sect. 2, SAS BNP Paribas Private Equity v/ SA Groupe Euroservices ACTA, D. 2011 p. 2848 nota B.
En el caso de negociaciones para la adquisición del capital de una empresa, el comprador había enviado una carta de intención dirigida a los socios que la firmaron. El precio de transferencia se fijó en la carta sobre la base de un balance contable establecido en una fecha posterior. Por lo tanto, el día de la carta, el pasivo de la empresa no era fijo. Se juzgó que la venta no podía concluirse ya que el precio no había sido determinado ni determinable, su fijación implicaba un nuevo acuerdo de voluntad de las partes (Cass.com 6 de noviembre de 2012 No 11-26.582 (No 1095 F-D), King Albert’s Sté c. Sté Baudry Dutour: BRDA 24/12 inf. 4).
Los tribunales niegan cualquier valor jurídico a las cartas de intenciones y sostienen que dichas cartas constituyen únicamente un compromiso moral, negándose así a mantener cualquier obligación de pago contra el autor de la carta en caso de insolvencia de la filial deudora.
LA CARTA DE INTENCIÓN CONSIDERADA COMO UNA OBLIGACIÓN DE MEDIOS
El autor de la carta de intención se considera el deudor de una obligación de medios siempre que haya prometido sólo la debida diligencia, por ejemplo, cuando se ha comprometido a hacer todo lo posible para garantizar que se tomen medidas.
En efecto, se trata de cualquier obligación para la que el deudor no haya contraído un compromiso específico y a la que, por tanto, no se imponga un resultado. Por lo tanto, la obligación de medios se resume en tratar de lograr un resultado aplicando toda la diligencia posible. Es necesario demostrar el incumplimiento del compromiso. Hay que aportar la prueba de un hecho negativo o de una negligencia.
Cuáles son los criterios de identificación y algunos ejemplos de la jurisprudencia:
Las soluciones adoptadas por los tribunales están motivadas esencialmente por las circunstancias de cada caso, pasado, posterior, auxiliar o externo, que nos permiten medir el alcance del compromiso y el carácter y la seriedad de los esfuerzos realizados.
Alcance y consecuencias de la calificación de la obligación de medios.
El incumplimiento de una carta de intención que constituya una obligación de medios y el consiguiente incumplimiento por parte de la sociedad matriz, debe ser probado, en caso de incumplimiento del deudor garantizado, por el destinatario de la carta de intenciones, que debe demostrar, por una parte, una negligencia del firmante y, por otra parte, que esta negligencia está directamente relacionada con el daño sufrido. Al no acreditar estas pruebas, la acción de responsabilidad del acreedor contra el firmante de la carta de intención debe ser rechazada.
Si el acreedor puede demostrar que el firmante de la carta de intención no ha cumplido con su deber de diligencia, el acreedor puede ser condenado a pagar daños y perjuicios de un monto igual a la deuda.
De este modo, la Corte de Casación retuvo la responsabilidad del firmante de una carta de intención por incumplir su «obligación de aplicar los medios a su alcance para satisfacer el compromiso que había hecho», y en particular por no advertir al acreedor de la reducción significativa de su participación en la filial cuando se había comprometido con ella en el escrito de intención, y por no evitar la retirada abrupta de una sociedad de la que era responsable. La sanción por no cumplir con esta obligación de «hacer todo lo posible» fue la condena de la sociedad matriz al pago de una indemnización por daños y perjuicios equivalentes a la de la deuda de la filial (Cass. 19 de marzo de 1991 No 509 P, Dirección General de Obras e Instalaciones Eléctricas (CTIE) c. Atlantic Bank of Costa d’Ivoire).
LA CARTA DE INTENCIÓN CONSIDERADA COMO UNA OBLIGACIÓN DE RESULTADOS
Esta carta conlleva una obligación de hacer.
Algunas expresiones que constituyen una obligación de resultado:
-Considerar todas las acciones necesarias para que el deudor cumpla con sus obligaciones
-Garantizar la ejecución de las obligaciones
-Como lograr que
-Hacer lo necesario
22, Sep 2020 | Non classé
La ordenanza No 2015-899, del 23 de julio de 2015, que define las bases del nuevo reglamento de contratación pública, se publicó en el Diario Oficial el 24 de julio de 2015.
En efecto, la transposición de las directivas europeas adoptadas en el 2014 hizo necesaria la modificación de la normativa francesa respecto a la contratación pública. El poder público decidió entonces comenzar sobre nuevas bases.
Los profesionales del derecho hemos tenido que cambiar nuestra manera de trabajar. A partir de ahora, tendremos que hacer malabarismos con un centenar de artículos y textos de aplicación de origen regulatorio.
La integralidad del dispositivo se aplicará durante el primer trimestre del 2016. La nueva ordenanza No 2015-899 del 23 de julio de 2015 relativa a la contratación pública no prevé una fecha de entrada en vigencia. Son los textos reglamentarios que se encargaran de fijarla. En cualquier caso, tendrá lugar a más tardar el 1 de abril de 2016 (artículo 103 de la orden).
De este modo, el ámbito de aplicación de este nuevo código ha sido ampliado. En consecuencia, todas las facultades de contratación sujetas al Código de Contratación Pública o al decreto del 6 de junio de 2005 están ahora sujetas a principios jurídicos comunes.
Del mismo modo, las estructuras completamente privadas, que beneficiaban de una subvención de más del 50 por ciento de una estructura sujeta a contratación pública, entrarían en el ámbito de aplicación del CMP. El poder adjudicador puede limitar la subcontratación en cuanto a su ámbito de aplicación, a diferencia de lo que se hace hoy, cuando sólo está prohibida la subcontratación total.
Los poderes adjudicadores de otros países europeos pueden integrar grupos de compra franceses, y los compradores franceses pueden pasar por centrales de compra ubicadas en otros países europeos.
Un poder adjudicador puede excluir automáticamente la oferta de una empresa que no haya dado satisfacción en un contrato anterior, y pedir el pago por daños y perjuicios (la prescripción de exclusión es de tres años).
El comprador define libremente sus criterios de atribución, pero la ordenanza especifica que los criterios no confieren libertad de elección ilimitada al comprador y debe garantizar la posibilidad de una verdadera competencia.
La ordenanza no proporciona una lista de criterios fijos, como lo dispone el artículo 53 del actual Código de Contratación Pública. Una lista de obras para contratos de obras públicas se publicará en el Diario Oficial. Este no fue el caso en las reformas anteriores del Código de Contratación Pública. Sólo los mercados de «servicios» tenían una lista explícita de su alcance. Ahora, con la ordenanza del 2015, la «competencia» existe oficialmente, pero no es un «procedimiento de adjudicación» que existe por derecho propio, con reglas establecidas.
Por último, esta ordenanza es fundamental. Cambia profundamente la ley actual de contratación pública y los profesionales tendrán que adaptarse y familiarizarse con ella, para controlar todos los arcanos y evitar caer en las múltiples trampas que conlleva.
